El Gobierno español se dispone a imponer nuevas restricciones a los conductores de automóviles que trabajen con aplicaciones de transporte de ida y vuelta como Uber después de que el máximo tribunal de la Unión Europea anulara una serie de restricciones locales en Barcelona, según muestra un borrador de documento visto por Reuters.

El gabinete podría aprobar el decreto ya el martes, según una fuente familiarizada con el asunto, lo que permitiría a las autoridades regionales obligar a los conductores de vehículos privados de alquiler a respetar criterios adicionales para poder operar en zonas específicas.

Estos criterios tendrán que estar justificados por razones como la protección del medio ambiente, la seguridad vial o la sostenibilidad de "servicios de interés público" como los taxis comunes, decía el borrador, que no tiene fecha.

Un portavoz del Ministerio de Transportes dijo que el gobierno tenía previsto adoptar una nueva normativa, aunque no estaba claro si se introduciría inmediatamente por decreto.