VOLKSWAGEN AG Las empresas podrían deber a los propietarios entre el 5% y el 15% del precio de compra de su vehículo, dictaminó el tribunal, en un caso contra Volkswagen, su marca Audi y Mercedes-Benz que tiene implicaciones para demandas similares.
El juez anuló anteriores desestimaciones por parte de los tribunales de tales demandas y las devolvió a los tribunales de apelación. Correspondía a los fabricantes de automóviles demostrar que sus llamados dispositivos de desactivación eran funcionales y no ilegales, dijo.
Los dispositivos de desactivación son mecanismos o programas informáticos que pueden modificar los niveles de emisiones de los vehículos, lo que ha dado lugar a numerosas disputas judiciales sobre si los fabricantes los utilizan indebidamente para enmascarar los verdaderos niveles de contaminación de sus vehículos.
Los fabricantes de automóviles argumentan que los dispositivos, que sólo se activan a determinadas temperaturas, son necesarios para proteger el motor y se ajustan a la ley.
Pero los tribunales europeos respaldan cada vez más a los propietarios de automóviles y a los grupos ecologistas que piden retiradas del mercado e indemnizaciones por los vehículos con estos dispositivos, un resabio muy costoso del escándalo de los motores diésel de 2015 -centrado en Volkswagen- en un momento en el que la industria se encuentra bajo presión para centrarse en la transición a los vehículos eléctricos.
La decisión del lunes supuso un cambio respecto a la postura anterior del tribunal, según la cual los fabricantes de automóviles sólo podían ser acusados si habían instalado intencionadamente un dispositivo ilegal, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera que se debía una indemnización a los propietarios incluso en los casos en los que los daños a los demandantes se debían a una negligencia. (Reportaje de Ursula Knapp, Victoria Waldersee, Ilona Wissenbach; Edición de Maria Sheahan y Mark Potter)
