Annington Property, gestionada por la empresa de capital riesgo Terra Firma de Hands, emprendió acciones legales contra el Ministerio de Defensa británico (MoD) por su plan de forzar la venta de propiedades residenciales para familias de militares.
La empresa adquirió algo más de 55.000 unidades residenciales por 1.670 millones de libras en 1996, en un acuerdo que la Oficina Nacional de Auditoría británica estimó en 2019 que dejó al MoD hasta 4.200 millones de libras en peor situación debido al aumento del precio de la vivienda desde la venta.
El gobierno británico intentó recomprar un pequeño número de las propiedades a través de un proceso conocido como enfranchisement, con vistas a devolver potencialmente toda la cartera a manos públicas.
Annington interpuso una revisión judicial ante el Tribunal Superior de Londres, argumentando que la medida era ilegal. Sin embargo, un juez desestimó su caso en un fallo escrito el lunes.
El juez David Holgate dijo que el gobierno estaba justificado para proceder sobre la base de que su acuerdo con Annington - en virtud del cual el Ministerio de Defensa arrendó las propiedades durante 200 años - ha "dado lugar a tasas de rendimiento excesivas o irrazonables".
"Los acuerdos eran y siguen siendo un mal negocio para el MdD, su patrimonio (de alojamiento de las familias de servicio) y el erario público", añadió el juez.
Un portavoz de Annington declaró que la empresa recurriría la sentencia, que, en su opinión, "corre el riesgo de sentar un precedente peligroso para las empresas y los inversores internacionales en el Reino Unido y, de confirmarse, significaría que el Gobierno puede hacer caso omiso de los contratos a largo plazo si cree que le conviene hacerlo".
Un portavoz del Ministerio de Defensa acogió con satisfacción la decisión. "No se ha tomado ninguna decisión sobre otros casos de enfranchisement, pero consideraremos la decisión del Tribunal Superior y las implicaciones potenciales para asegurar una mejor relación calidad-precio para el contribuyente", dijo el portavoz.
