Las medidas, que podrían acumular más presión sobre las crujientes finanzas públicas italianas, se proponen aproximadamente un mes antes de las elecciones europeas que pondrán a prueba la popularidad de la coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni.
Italia registró en 2023 el mayor déficit presupuestario de Europa en proporción al producto interior bruto (PIB), y el gobierno afirma que la deuda pública, que ya es la segunda más alta de la zona euro, seguirá aumentando hasta 2026.
Uno de los incentivos pretende animar a los empresarios a contratar de forma permanente a mujeres o menores de 35 años recortando las cotizaciones a la seguridad social que las empresas tendrían que pagar por estos trabajadores durante dos años.
El plan forma parte de un decreto más amplio destinado a acelerar el gasto de los fondos de cohesión, que para Italia ascienden a 75.000 millones de euros entre recursos de la Unión Europea y nacionales.
Un decreto separado permite a las empresas, sólo para 2024, reducir sus ingresos imponibles hasta un 130% de los costes incurridos por los nuevos empleados fijos contratados, siempre que su plantilla global aumente en comparación con el año pasado.
Esta subvención se anunció a finales del año pasado, pero aún no ha entrado en vigor. En aquel momento, el Tesoro estimó su coste en unos 1.300 millones de euros, afirmando que se financiaría eliminando una desgravación concedida a los bancos y otras empresas que aumentan su capital, la llamada desgravación por capital social (ACE).
Según la iniciativa de bonificación en efectivo, las familias que tengan al menos un hijo y unos ingresos no superiores a 28.000 euros anuales recibirán hasta 100 euros el próximo mes de enero, dijeron los funcionarios.
El gobierno ha dicho previamente que la bonificación puede financiarse mediante un acuerdo con los evasores fiscales, eliminando las sanciones contra aquellos que se sinceren sobre cómo han evadido impuestos y acepten pagar lo que deben.
Meloni ha intentado repetidamente llegar a un acuerdo con los evasores fiscales desde que llegó al poder hace 18 meses, un enfoque que, según los críticos, da mal ejemplo y reduce los ingresos a largo plazo.
También se espera que el paquete del martes eleve el tipo impositivo sobre las primas de productividad de hasta 3.000 euros al 10% desde el 5% actual, con efecto a partir de enero de 2025.
(1 dólar = 0,9343 euros) (Edición de Gavin Jones y Timothy Heritage)
