APPLE INC. Muchos países en desarrollo se han lamentado durante años de no poder influir en los debates sobre la cooperación fiscal mundial en la OCDE, donde generalmente se discuten las normas de la fiscalidad transfronteriza.
Frustrados por el hecho de que sus voces no hayan sido escuchadas, 125 países, en su mayoría en desarrollo, respaldaron el miércoles un proyecto de resolución de la ONU propuesto por Nigeria en el que se pedía una "convención marco sobre cooperación fiscal internacional".
Unos 48 países, en su mayoría desarrollados, entre ellos Gran Bretaña, Alemania, Japón y Estados Unidos, se mostraron en contra, mientras que nueve países se abstuvieron, entre ellos Islandia, México, Noruega y Turquía, miembros de la OCDE.
Acogiendo la votación como un "faro de esperanza", la Unión Africana afirmó en un comunicado que "facilitaría el acceso a los tan necesarios recursos financieros".
El director de la OCDE, Mathias Cormann, afirmó que el grupo de 38 miembros estaba "orgulloso de su historial de lograr soluciones basadas en el consenso" en materia de cooperación fiscal internacional.
El foro político con sede en París lleva décadas coordinando entre sus 38 miembros, en su mayoría países desarrollados, y otros países cuestiones fiscales internacionales que van desde las directrices para la fijación de precios de transferencia intragrupo hasta la forma en que las autoridades fiscales pueden compartir información sobre cuentas bancarias.
También dirigió un acuerdo de 2021 entre casi 140 países para reescribir las normas de la fiscalidad transfronteriza por primera vez en una generación, con el fin de actualizarlas para la era del comercio digital, en la que grandes multinacionales como Apple y Meta pueden contabilizar sus beneficios en países de baja tributación.
El acuerdo, de dos vertientes, pretende crear un tipo mínimo mundial del 15% para el impuesto de sociedades y pide un nuevo tratado que traslade algunos derechos fiscales sobre las multinacionales más rentables a los países donde se encuentran los clientes de las empresas.
Mientras que el tipo mínimo del impuesto de sociedades debe empezar a entrar en vigor el año que viene, el nuevo tratado sobre derechos fiscales se enfrenta a un camino mucho más pedregoso, sobre todo en Estados Unidos, donde se necesita una mayoría de dos tercios para que el Senado, profundamente dividido, ratifique los tratados.
El responsable de política fiscal global de KPMG, Grant Wardell-Johnson, afirmó que, aunque la revisión a dos bandas estaba respaldada por el grupo de potencias económicas del G20 y había aspirado a un consenso mundial, la votación de la ONU probablemente conduciría a una mayor cooperación entre éste y la OCDE en el futuro.
"Es de esperar que la ONU se centre en las áreas en las que existen necesidades actuales para las economías de renta baja. Esto incluye los flujos financieros ilícitos y la incorporación de la economía formal a la economía formal", declaró Wardell-Johnson a Reuters. (Reportaje de Leigh Thomas; edición de Diane Craft)
