La nota emitida por la División de Presupuestos del estado el 7 de marzo es la última en mostrar los retos a los que se enfrentan los políticos republicanos que pretenden bloquear o frenar el creciente uso de consideraciones ASG por parte de empresas e inversores.

Al igual que los proyectos de ley patrocinados por los republicanos en otros estados, la "Ley de protección de las pensiones y las empresas contra la interferencia ideológica", presentada ante el senado de Kansas, exigiría al Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de Kansas (KPERS) que desinvirtiera de las empresas financieras que participen en "boicots ideológicos".

En otros estados en los que ya se han aprobado leyes de este tipo, los funcionarios republicanos han acusado a los principales bancos y firmas de Wall Street, como BlackRock Inc, de boicotear a la industria energética por el trato que dan los inversores a cuestiones como el cambio climático. Las firmas financieras afirman que sólo buscan maximizar los beneficios y tienen en cuenta aspectos como los riesgos que el aumento de las temperaturas globales podría suponer para las operaciones de las empresas

La nota presupuestaria del 7 de marzo dice que KPERS ha indicado que tendría que reestructurar su cartera "porque los actuales gestores de inversiones serían descalificados como fiduciarios y sustituidos por gestores de inversiones alternativos que cumplirían los requisitos del proyecto de ley".

Con un recorte previsto de los rendimientos del 0,85%, "el asesor general de inversiones de KPERS proyecta que los rendimientos de la cartera de inversiones se reducirían en 3.600 millones de dólares en los próximos diez años en comparación con la cartera de inversiones actual", afirma la nota.

Los costes de desinversión anticipada en los mercados privados costarían 1.140 millones de dólares, afirma también la nota. Otros costes incluirían los honorarios de desinversión anticipada de los nuevos empleados del Tesorero del Estado de Kansas para supervisar las posibles actividades de boicot.