Inicialmente estaba previsto que el llamado sistema portátil comenzara en mayo, junto con un marco "interoperable" que permitiera realizar gastos en todos los restaurantes afiliados.
Pero las nuevas normas estaban aún pendientes de regulación gubernamental y, en medio de la incertidumbre sobre qué autoridad sería responsable de ello, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió una orden ejecutiva aplazando su aplicación hasta mayo de 2024.
Los legisladores deben votar la orden ejecutiva, que hasta ahora ha recibido 33 propuestas de enmienda.
Durante una audiencia pública en el Congreso el martes, Marcelo Naegele, auditor del Ministerio de Trabajo, dijo que el ministerio proponía ahora la eliminación de la portabilidad del crédito alimentario "para profundizar las discusiones, con la ampliación del diálogo social y la posibilidad de evaluar los resultados de otras medidas".
El Ministerio de Finanzas declinó hacer comentarios.
En el pasado, los funcionarios del Ministerio de Hacienda habían defendido la portabilidad como un paso importante para desbloquear el mercado de vales de comida de 150.000 millones de reales (30.000 millones de dólares), dominado actualmente por Sodexo, Ticket, filial de Edenred, y las rivales privadas Alelo y VR.
Los recientes cambios normativos han creado oportunidades para que los competidores tecnológicos entren en el mercado, entre ellos la empresa de reparto iFood, la unidad de pagos de Mercado Libre, Mercado Pago, las empresas de tecnología financiera Caju, Swile y Flash, así como la empresa de pagos PicPay.
Las empresas tradicionales de vales de comida han manifestado su oposición a la posibilidad de transferir créditos de comida, alegando unos costes potencialmente más elevados. Pero los rivales emergentes han declarado a Reuters que es poco probable que el mercado se abra con éxito si no se modifica para permitir esta portabilidad. (Reportaje de Marcela Ayres en Brasilia Edición de Matthew Lewis)
