El impulso para cambiar el sistema judicial por parte de la coalición gobernante de Netanyahu, formada por partidos nacionalistas y religiosos, ha desatado protestas sin precedentes, ha despertado la preocupación por la salud democrática de Israel entre sus aliados occidentales y ha lastrado la economía.
Al mando de 64 de los 120 escaños de la Knesset, la coalición de Netanyahu parecía encaminada a ganar la votación, la primera de las tres necesarias para que el nuevo proyecto se convierta en ley, y es probable que las protestas se intensifiquen en caso de que eso ocurra.
Netanyahu señaló el domingo su impaciencia con las manifestaciones que se han recrudecido mientras los manifestantes prometían interrupciones en todo el país el martes, incluso en la principal puerta internacional de Israel, el aeropuerto Ben Gurion.
La coalición planea tan pronto como el martes seguir adelante con los pasos legislativos sobre el proyecto de ley, que frena el poder del Tribunal Supremo para anular decisiones tomadas por el gobierno, los ministros y los cargos electos.
Los críticos sostienen que el proyecto de ley invita a la corrupción y a los abusos de poder. Sus defensores afirman que facilitará una gobernanza eficaz al frenar la intervención de los tribunales.
Las divisiones sobre la revisión judicial han calado hondo en la sociedad israelí. Netanyahu la había dejado en suspenso para mantener conversaciones de compromiso con la oposición auspiciadas por el presidente de Israel, pero eso fracasó el mes pasado y la coalición reinició la legislación.
Netanyahu - que está siendo juzgado por acusaciones de soborno que él niega - afirma que los cambios pretenden restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado. Ha restado importancia a las repercusiones económicas de la campaña, que han asustado a los inversores y debilitado el shekel.
