Los sindicatos argentinos lanzaron el jueves una gran huelga general contra las dolorosas medidas de austeridad y las reformas previstas por el nuevo presidente libertario Javier Milei, cuya política de costes ha estabilizado los mercados locales pero ha golpeado la economía real.

El país sudamericano vio cómo el transporte público, el importante sector de la trituración de cereales, los supermercados, los aeropuertos y los bancos se paralizaban durante 24 horas al sumarse la mayoría de los principales sindicatos a la acción de protesta contra el gobierno.

Milei, economista y antiguo experto en medios de comunicación, ganó unas elecciones sorprendentes el año pasado prometiendo arreglar con una "motosierra" una crisis económica que se convirtió en una bola de nieve bajo gobiernos anteriores, provocando el agotamiento de las reservas y una inflación de tres dígitos.

Muchos en Argentina siguen apoyando sus planes después de tantos años de agitación. Sin embargo, su postura favorable al mercado y su dura medicina de austeridad han perjudicado a los salarios reales de la población, han elevado los ya elevados niveles de pobreza y han hecho que la actividad económica se hunda a principios de año.

Hugo Yasky, secretario general del sindicato mayoritario CTA, publicó en X que la huelga era contra "un gobierno que sólo beneficia a los ricos a costa del pueblo, regala los recursos naturales y pretende eliminar los derechos de los trabajadores".

La acción es una prueba para el gobierno de Milei. Éste está tratando de impulsar un amplio paquete de reformas, que incluye reformas laborales divisivas, a través del Senado después de obtener la aprobación en la cámara baja a pesar de contar sólo con una pequeña minoría en el Congreso.

La huelga ha provocado la suspensión de vuelos, la paralización de puertos y el funcionamiento mínimo de escuelas y universidades. Los mercados tendrán una actividad reducida el jueves, ya que los bancos permanecerán cerrados porque sus empleados irán a la huelga.

"Es una huelga que no tiene razón ni justificación aparente", dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa un día antes de la acción, añadiendo que unos siete millones de personas se verán afectadas por la falta de transporte.