Obiang, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, y otros dos altos funcionarios fueron acusados de secuestrar a cuatro miembros del grupo opositor con sede en España, el Movimiento para la Liberación de la Tercera República de Guinea Ecuatorial (MLGE3R), mientras se encontraban de viaje en Sudán del Sur en 2019.
En una denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de España en 2020, el MLGE3R alegó que los cuatro -dos de los cuales eran ciudadanos españoles- fueron enviados a Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, en un avión gubernamental y torturados, según demostró un documento judicial.
Uno de ellos, el ciudadano español Julio Obama, murió el año pasado en prisión en Guinea Ecuatorial. La denuncia alegaba que el grupo también fue vigilado en suelo español.
Un portavoz del gobierno de Guinea Ecuatorial no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. El gobierno ha rechazado previamente las acusaciones como falsas.
El juez del Tribunal Superior Santiago Pedraz, que estaba investigando las acusaciones antes de decidir si procedía a juicio, dijo que ponía fin al caso porque el Tribunal Supremo de Justicia de Guinea Ecuatorial estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el asunto, según mostraron documentos judiciales.
Dijo que no podía ser el juez de "si esos procedimientos podrían adolecer de falta de imparcialidad".
También consideró que no había pruebas de que las cuatro víctimas -todas ellas residentes en España- hubieran estado previamente bajo vigilancia en España o coaccionadas para viajar a Sudán del Sur, como afirmaba la denuncia, ni de ninguna otra actividad delictiva.
El mayor de los Obiang ha gobernado la antigua colonia española rica en petróleo durante 44 años y es el presidente que más tiempo lleva en el cargo. Ha ganado sus seis mandatos con más del 90% de los votos en unas elecciones cuya legitimidad han cuestionado los observadores internacionales.
Su otro hijo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, es vicepresidente.
Los grupos de defensa de los derechos acusan al presidente de amordazar a la disidencia y reprimir a sus rivales. Las protestas están en su mayoría prohibidas, los medios de comunicación están fuertemente controlados y los opositores políticos son a menudo detenidos y torturados, afirman. El gobierno ha negado las acusaciones.
