Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. han pedido a todas las agencias federales que inicien revisiones de las normativas que podrían verse afectadas por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula un precedente legal conocido como "deferencia Chevron", en cartas publicadas el miércoles.

Tres comités de la Cámara -Agricultura, Supervisión y Educación y Mano de Obra- se dirigieron a agencias como la Agencia de Protección Medioambiental, la Comisión de Valores y Bolsa y el Departamento de Trabajo en lo que el republicano número 2 de la cámara, Steve Scalise, calificó de "lucha para liberar al pueblo estadounidense del Estado administrativo ávido de poder".

Las cartas siguen a un fallo del Tribunal Supremo en junio que anuló la llamada deferencia Chevron. Ésta se refiere a un precedente de 1984 de la petrolera Chevron que otorgaba a los expertos gubernamentales la última palabra sobre cómo debían interpretarse las leyes aprobadas por el Congreso.

Los conservadores han insistido durante décadas en que el fallo otorgaba demasiado poder a los burócratas del gobierno por encima de los legisladores electos.

Las cartas de los presidentes de los tres comités solicitaban listas de normativas existentes que hubieran sido impugnadas ante los tribunales y defendidas basándose en la deferencia Chevron, así como de normativas pendientes que pudieran haber sido defendidas utilizando la deferencia Chevron.

Los presidentes también solicitaron una lista de normas que pudieran tener un efecto anual sobre la economía de 100 millones de dólares o más, un "aumento importante de los costes o precios para los consumidores" o "efectos adversos significativos" sobre la competencia y el empleo, entre otros factores.

Las peticiones podrían proporcionar una hoja de ruta para que los activistas conservadores demanden a las agencias por normativas específicas.

Michael Regan, el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental, dijo el miércoles al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que la decisión del tribunal "golpea a la EPA con extrema dureza".