El juez Sandil Kissoon, del Tribunal Superior de Guyana, declaró en su sentencia que Exxon "participó en un intento poco sincero" de diluir sus obligaciones en virtud de su permiso medioambiental para el proyecto Liza One al no cumplir plenamente los requisitos del seguro contra vertidos de petróleo. Dio a la empresa de plazo hasta el 10 de junio para presentar a las autoridades guyanesas un acuerdo de responsabilidad de una compañía de seguros.

Según el tribunal, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Guyana (EPA) permitió a Exxon continuar con el proyecto a pesar de que la empresa no proporcionó las garantías de seguro necesarias. El gobierno rechazó la semana pasada la decisión del tribunal y dijo que recurriría.

En su escrito, el director ejecutivo de la EPA, Kemraj Parsram, dijo que es cierto que un permiso expedido por su oficina en mayo del año pasado exige una garantía matriz a Exxon para cubrir los costes no satisfechos por su filial en caso de vertido de petróleo. Añadió que no estaba de acuerdo con la interpretación del tribunal de que el permiso exige que esta garantía sea ilimitada.

Liza One, el proyecto que inauguró la producción de petróleo de Guyana en 2019, tiene un permiso medioambiental que exige la provisión de dos formas de cobertura de seguro, una de la filial que asciende a 600 millones de dólares en caso de derrame de petróleo, y una garantía de la matriz que se compromete a cubrir todos los costes que superen el umbral de 600 millones de dólares.

La semana pasada, Exxon declaró que era "decepcionante que el tribunal no apreciara y reconociera la capacidad financiera de Exxon Mobil Guyana y de sus coempresarios para cumplir con sus obligaciones", y afirmó que el seguro ya estaba en vigor.

La agencia local Stabroek News informó de que el Instituto de Transparencia de Guyana, una organización anticorrupción, había cuestionado el recurso de la agencia.

"La cuestión es por qué un gobierno querría apelar una decisión así. ¿No sería una batalla pírrica? ¿No perdería el gobierno más apoyo del pueblo del que gana aunque ganara el argumento?", dijo el grupo, según el periódico.

"La óptica parece indicar que hay un regulador que parece más interesado en proteger a la empresa a la que se supone que debe regular que al pueblo de Guyana", declaró a Reuters Frederick Collins, actual director del Instituto de Transparencia de Guyana.

Los activistas y ecologistas guyaneses han cuestionado anteriormente el proceso de concesión de permisos del gobierno, alegando que la producción de petróleo alimenta el cambio climático y dañaría los arrecifes de coral y los manglares del país.