Crédito Real incumplió el pago de un bono de 170 millones de francos suizos (175,98 millones de dólares) el año pasado, dando inicio a un proceso de liquidación comercial en México criticado por los accionistas por su falta de transparencia.

La carta legal, fechada el 23 de mayo y vista por Reuters, hace referencia a una cláusula de la ley mexicana que permite a cualquier accionista exigir una asamblea general después de dos años.

Firmada por Álvaro Martínez -accionista y representante del grupo holding minoritario- la carta esboza varias peticiones para la asamblea, entre ellas obtener acceso a los estados financieros de Crédito Real durante 2021 y 2022.

Esto incluye obtener detalles sobre los acuerdos encubiertos que Crédito Real realizó con prestamistas garantizados -principalmente grandes bancos mexicanos- así como una auditoría exhaustiva de los fondos restantes.

El abogado del grupo, Teodoro von Harrsch, dijo que Crédito Real está ahora legalmente obligado a celebrar una asamblea, y que "si no lo hacen, acudiremos a un juez".

Crédito Real, que ofrecía préstamos de nómina y créditos sin garantía, no respondió a una solicitud de comentarios.

La exigencia de una asamblea se produce mientras Crédito Real intenta poner fin a una batalla legal con un grupo de tenedores de bonos que la llevó a los tribunales de Delaware para obligarles a emprender un procedimiento de quiebra en EE.UU. en lugar de en México.

Crédito Real ha ofrecido al grupo un acuerdo para reestructurar más de 1.900 millones de dólares en pagarés de bonos, según escuchó el lunes un tribunal de quiebras de Delaware. Necesitará que la mayoría de los acreedores no garantizados lo aprueben en los próximos 60 días.

Reuters informó el año pasado de que había conversaciones entre el grupo y que las negociaciones para un acuerdo eran viables.

Von Harrsch afirmó que el acuerdo "no ofrece nada a los accionistas" y que su grupo seguirá presionando en favor de la transparencia.

El año pasado, otro grupo de bonistas extranjeros -a los que se les adeudaban colectivamente unos 2.000 millones de dólares- sopesaba emprender nuevas acciones legales contra la empresa y sus auditores en México, para recuperar parte de los fondos perdidos.

Algunos de esos bonistas han dicho desde entonces que han perdido la esperanza y han vendido sus bonos, enfrentándose a una ardua batalla como el grupo de acreedores no garantizados más expuesto.