La administración instó a los magistrados a rechazar la petición de las petroleras de revisar la sentencia de un tribunal de apelaciones de febrero de 2022 que devolvía el caso a los tribunales estatales, una sede considerada generalmente más favorable para los demandantes municipales.

El Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de EE.UU., con sede en Denver, devolvió el caso tras concluir que ninguno de los motivos citados por las compañías para cambiar la sede respaldaba la atribución de jurisdicción a los tribunales federales.

La cuestión de la sede es un punto clave de discordia en unas dos docenas de demandas presentadas por estados y municipios contra las principales compañías petroleras alegando que ocultaron y tergiversaron los peligros asociados a la quema de combustibles fósiles.

Las petroleras han negado las acusaciones de los gobiernos locales y estatales y han argumentado que, a pesar de que los municipios sólo plantean reclamaciones de derecho estatal, los casos plantean claramente cuestiones federales.

Los representantes de las partes no respondieron inmediatamente el jueves a las solicitudes de comentarios.

El caso, si el Tribunal Supremo decide aceptarlo, daría al alto tribunal una segunda oportunidad para aclarar si los tribunales estatales o federales deben conocer de las demandas presentadas por estados y gobiernos locales, entre ellos Honolulu, Baltimore y los estados de Rhode Island y Delaware.

El Tribunal Supremo consideró por primera vez la cuestión de la jurisdicción en 2021 en un caso presentado por la ciudad de Baltimore. Emitió una estrecha sentencia indicando al Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. que reconsiderara los argumentos a favor de la remoción planteados por las compañías petroleras en ese caso, pero no se pronunció directamente sobre qué tribunales eran los adecuados.

El caso es Suncor Energy Inc. y otros contra la Junta de Comisionados del Condado de Boulder y otros, Tribunal Supremo de Estados Unidos, caso nº 21-1550.

Por las empresas energéticas Kannon Shanmugam, Theodore Wells, Daniel Toal y William Marks de Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, Hugh Gottschalk y Eric Robertson de Wheeler Trigg O'Donnell.

Por los municipios: Marcos Simons, Richard Herz, Michelle Harrison y Sean Powers de EarthRights International, David Bookbinder del Niskanen Center y Kevin Hannon del Hannon Law Firm.

Por el gobierno de EE.UU: La procuradora general Elizabeth Prelogar, el procurador general adjunto Todd Kim y el procurador general adjunto Malcolm Stewart.