Pero mientras los economistas e incluso algunos políticos instan al vencedor de las elecciones del 5 de mayo a que adopte medidas impopulares para impulsar las mermadas arcas -incluido un problemático sistema de pensiones estatal-, los cinco favoritos se centran directamente en el lado del gasto del balance.
"Cada vez es más habitual en las campañas de todo el mundo ver cómo los candidatos evitan tocar las cuestiones fiscales. Nadie quiere hablar de impuestos ni de gasto, ya que el electorado no quiere oír esos mensajes", declaró a Reuters Esteban Tamayo, analista de Citi.
Los inversores que poseen más de 33.000 millones de dólares en bonos panameños están observando de cerca la situación, al igual que las empresas que han acudido en masa al país en los últimos años, atraídas por sus impuestos relativamente bajos y sus políticas económicas de laissez faire.
La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó recientemente la calificación de la deuda panameña a grado especulativo, citando presiones fiscales y de gobernanza agravadas por la medida de cerrar la gigantesca mina de cobre de First Quantum Minerals a raíz de protestas en todo el país.
Si S&P o Moody's siguen su ejemplo, Panamá se convertiría en uno de los llamados ángeles caídos, lo que podría disparar sus costes de endeudamiento, ya que algunos fondos tendrían que deshacerse de su deuda. Ambas agencias dijeron a Reuters que vigilarán los primeros pasos del próximo gobierno y la confianza de los inversores antes de actuar.
Panamá necesita aumentar los ingresos, ya que la recaudación tributaria sólo ha crecido en promedio alrededor de un 1,5% anual en la última década, incluso cuando el crecimiento del PIB ha promediado un 6% en términos nominales, dijo Todd Martínez, codirector de soberanos para las Américas de Fitch Ratings.
Fitch fija el déficit fiscal del país para 2024 en el 4,7% del PIB, por encima del 2,95% del año pasado, cuando se vio reforzado por algunas ganancias puntuales.
Una fuente aparentemente fácil de 375 millones de dólares de ingresos anuales se perdió el año pasado tras el cierre del contrato de la mina de cobre a raíz de las protestas generalizadas.
La contribución del Canal de Panamá a las arcas del Estado, por su parte, se espera que caiga un 2,9% este año, debido principalmente a la reducción del tráfico y a las reservas de capital para futuros proyectos, según un comunicado de su administración.
La directora asociada de S&P, Karla González, dijo a Reuters que la agencia había incorporado recientemente la sequía del Canal como un riesgo a la baja.
Entre los cinco aspirantes a sustituir al presidente saliente, Laurentino Cortizo, tres han argumentado que el país puede hacer frente a su déficit presupuestario sin subir los impuestos. Otros dos han evitado el tema por completo.
"No vamos a subir los impuestos de los panameños", dijo a Reuters el candidato presidencial Rómulo Roux, segundo en la mayoría de las encuestas.
Roux dijo que trabajaría para atraer la inversión privada para proyectos que, según él, crearían 500.000 empleos, y prometió hacer más eficaz la recaudación de impuestos y recortar el gasto en áreas como el presupuesto de la Asamblea Nacional.
Ricardo Lombana, un antiguo diplomático que prepara su segunda campaña presidencial y que ha oscilado entre el segundo y el quinto puesto en las últimas encuestas, dijo a Reuters que aumentaría los ingresos combatiendo la corrupción y recortando gastos innecesarios, al tiempo que descartó cualquier subida de impuestos.
Muchos expertos afirman que los candidatos no se sinceran sobre las medidas necesarias para recortar el déficit, al tiempo que reconocen que sería un suicidio político discutirlas tan cerca de la votación.
El ex ministro de Economía y Finanzas Frank De Lima afirma que Panamá ha pasado por alto los sectores que solían brillar antes de la llegada de First Quantum, lo que hace más difícil el camino hacia la recuperación.
Otros dicen que los problemas del país son en su mayoría superables y que los inversores que han vendido sus bonos desde la rebaja de calificación de Fitch pueden haber reaccionado de forma exagerada.
La deuda total del país centroamericano asciende a 49.800 millones de dólares, lo que representa más del 50% de su PIB.
El ex presidente y candidato Martín Torrijos, que ocupa el tercer lugar en la carrera según la mayoría de las encuestas, dijo a Reuters que su administración redujo la deuda al 40% del PIB desde el 70% administrando los recursos del Estado con austeridad, algo que planea hacer de nuevo, sin dar detalles sobre qué gastos recortaría en su nuevo mandato si es elegido.
En cuanto al fondo estatal de pensiones del país, que se está quedando peligrosamente sin reservas, los cinco favoritos han reconocido la necesidad de salvarlo. Aun así, ninguno ha sugerido públicamente elevar la edad de jubilación o las cotizaciones obligatorias.
Roux y Lombana dijeron que la reducción de las prestaciones y el aumento de la edad de jubilación eran medidas descartadas, mientras que Torrijos prometió un diálogo nacional para decidir cómo salvar el sistema.
¿QUÉ HARÍAN LOS CANDIDATOS?
Si los detalles son escasos sobre las posibles medidas de austeridad, las campañas son más comunicativas sobre los grandes planes de gasto.
Mulino, que sustituye al condenado ex presidente Ricardo Martinelli, ha prometido poner en marcha "el mayor plan de rehabilitación de carreteras de la historia" y construir hospitales y una nueva línea de tren.
Es el favorito para ganar las próximas elecciones según la mayoría de las encuestas. Su campaña no lo puso a disposición para que hiciera comentarios.
Torrijos pretende gastar 19.000 millones de dólares en 40 proyectos diferentes, incluida una nueva línea de metro y depósitos de agua para el canal.
Otros dirigirían su gasto a proyectos que van desde la promoción del turismo hasta las infraestructuras portuarias y las prisiones.
"Panamá no necesita un Milei caminando con una motosierra por las calles, pero sí un líder firme", dijo a Reuters el ex viceministro de Economía Domingo Latorraca, refiriéndose al presidente argentino Javier Milei, partidario de la austeridad.
Pero el próximo gobierno tendrá que explicar claramente a las agencias de calificación, a los bonistas y a los inversores sus planes para recuperarse del "terrible" golpe del cierre de las minas.
Hasta ahora, hay pocos indicios de que eso vaya a ocurrir.
