LEIPZIG (dpa-AFX) - El Tribunal Administrativo Federal (Bundesverwaltungsgericht) ha dictaminado que la retención de datos sin obligación de hacerlo y que abarca a todo el país es totalmente contraria a la legislación europea. La normativa ya no puede aplicarse, anunció el jueves el tribunal de Leipzig. La decisión se basa en demandas presentadas por dos empresas de telecomunicaciones (Ref.: BVerwG 6 C 6.22 y BVerwG 6 C 7.22).

Debido a la inseguridad jurídica, la normativa ya no se utilizaba desde 2017. Entretanto, el Tribunal Administrativo Federal había suspendido el procedimiento judicial y planteado preguntas al Tribunal de Justicia Europeo sobre la compatibilidad de la conservación de datos con la legislación de la UE.

El TJUE dictaminó en 2022 que los datos de comunicación de todos los ciudadanos no pueden almacenarse sin motivo. El almacenamiento selectivo y limitado en el tiempo de datos es posible en caso de amenaza grave para la seguridad nacional. Según el TJUE, también puede ser posible retener direcciones IP para combatir delitos graves. El Tribunal Administrativo Federal siguió estas directrices en su decisión publicada el jueves.

Según el tribunal, la normativa de la Ley de Telecomunicaciones sobre el almacenamiento de números de teléfono, direcciones IP o duración de las conexiones "no cumple los requisitos del Derecho de la UE, aunque sólo sea porque no se definen criterios objetivos que establezcan una conexión entre los datos que deben almacenarse y el objetivo perseguido".

El almacenamiento de datos de tráfico y localización no se limita estrictamente al objetivo de proteger la seguridad nacional. Las direcciones IP pueden almacenarse para luchar contra delitos graves y prevenir amenazas serias a la seguridad pública, pero esto no está claramente definido en la Ley de Telecomunicaciones.

El Ministro Federal de Justicia, Marco Buschmann, declaró que con la decisión del tribunal queda claro por fin que la retención de datos en Alemania es "totalmente ilegal y, por tanto, inaplicable". "Las decisiones actuales son un mandato claro para que eliminemos rápidamente la retención de datos de la ley y reforcemos aún más los derechos civiles digitales en nuestro país", dijo el político del FDP. Se refirió al acuerdo de coalición del gobierno de "Ampel", según el cual los datos relevantes sólo deben almacenarse "de forma legalmente segura sobre una base ad hoc y por orden judicial".

Por el contrario, el ministro de Justicia de Hesse, Roman Poseck (CDU), subrayó que tanto el TJCE como el Tribunal Administrativo Federal habían abierto "expresamente" la posibilidad de almacenar direcciones IP para combatir la delincuencia más grave. "Para estos ámbitos, una regulación federal sigue siendo posible y urgentemente necesaria para poder combatir con éxito los casos de terrorismo y abuso de menores. En estos casos, la protección de datos no debe conducir a la protección de los autores", dijo Poseck.

El Ministro de Justicia de Baviera, Georg Eisenreich, también señaló las limitadas posibilidades de almacenar direcciones IP. Éstas deben utilizarse con prontitud, por ejemplo, para proteger a los niños en caso de indicios de abusos, dijo el político de la CSU. "Además, en la persecución de terroristas, traficantes de armas y narcotraficantes, las direcciones IP son en algunos casos la pista más importante o incluso la única".

El Ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), endureció mucho su tono y acusó a la Ministra Federal de Justicia de "negarse a trabajar a costa de las víctimas de abusos a menores". El TJCE había permitido explícitamente la obtención de direcciones IP para luchar contra la pornografía infantil y los abusos sexuales. Sin embargo, el gobierno federal había permanecido inactivo durante un año. Una "protección de datos completamente exagerada" tiene al parecer más prioridad para Buschmann que la protección de la infancia, dijo el político de la CSU./bz/DP/mis