El Gobierno español anunció el miércoles medidas enérgicas contra los alquileres vacacionales a corto plazo y de temporada, en medio del creciente enfado de los habitantes de la zona que se sienten excluidos del mercado de la vivienda.

El gobierno investigará los listados en plataformas como Airbnb y Booking.com para verificar si tienen licencias, dijo el ministro de Derechos del Consumidor, Pablo Bustinduy.

"Si una casa no tiene licencia turística, anunciarla en plataformas de internet debería ser ilegal y, por tanto, sancionable", dijo Bustinduy en una entrevista con la cadena estatal TVE.

España está lidiando con la forma de lograr un equilibrio entre el mantenimiento del turismo, uno de los principales motores de su economía, y la atención a las preocupaciones de los lugareños que ya no pueden permitirse los alquileres debido al aburguesamiento y a que los propietarios están cambiando a alquileres turísticos más lucrativos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, citó el aumento del 68% de los precios de los alquileres en la última década como una de las razones de su plan, anunciado recientemente, de eliminar progresivamente todos los alquileres de corta duración en la ciudad para 2028.

Apartur, la asociación de propietarios de apartamentos turísticos, afirmó que la medida equivalía a una expropiación, mientras el Tribunal Constitucional español delibera sobre la legalidad de la medida.

El primer ministro Pedro Sánchez anunció a principios de esta semana que el gobierno crearía un registro de propiedades de alquiler vacacional en un intento de limitar el número de listados.

Los residentes de Barcelona, las Islas Canarias y Málaga han protagonizado protestas contra el aumento de los alquileres turísticos en las últimas semanas. En estos puntos calientes del turismo, los trabajadores estacionales de la hostelería luchan por encontrar alojamiento, y muchos recurren a dormir en caravanas o incluso en sus coches.

Airbnb y Booking.com no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El Gobierno también está estudiando tomar medidas para frenar los alquileres de media duración, de entre uno y once meses, y podría dar a los vecinos de los bloques de apartamentos la posibilidad de decidir si un propietario puede anunciar su propiedad en las plataformas, según declaró el martes por la noche la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez,

"Tenemos que preservar los derechos sociales, como el derecho a la vivienda", dijo Rodríguez a la emisora de radio Cadena SER.