La oficina del primer ministro, Giorgia Meloni, ha convocado una reunión del gabinete para aprobar el plan a las 1300 GMT.

El paquete introduce medidas para acelerar el proceso de cotización y atraer a nuevas empresas a la Borsa Italiana, tras la pérdida en los últimos años de empresas destacadas, entre ellas el grupo de infraestructuras Atlantia.

Entre otras cosas, Italia planea mejorar los derechos de voto para persuadir a los empresarios de que coticen en Milán sin preocuparse de perder el control en favor de otros inversores, según muestra un borrador visto por Reuters.

Algunas de las empresas que han dejado de cotizar en Milán se vieron atraídas por bolsas como la de Ámsterdam, donde la normativa permite a los principales accionistas mantener un control más estricto.

El proyecto de ley permite a las empresas que no cotizan en bolsa emitir acciones especiales que otorgan a los inversores existentes el derecho a emitir hasta 10 votos por cada acción que posean, superando el límite actual de tres votos. Las empresas podrán conservar estas acciones tras la oferta pública inicial (OPI).

Las normas italianas actuales prohíben a las empresas que cotizan en bolsa emitir acciones de voto múltiple, salvo en forma del llamado "plan de acciones de fidelidad", que confiere doble derecho de voto a los accionistas antiguos de al menos 24 meses.

Los inversores institucionales suelen abogar por el principio de "una acción, un voto" para garantizar la igualdad de trato a todos los accionistas.

El Tesoro cree que reforzar la capacidad de emitir acciones con voto múltiple antes de la salida a bolsa es un buen compromiso, porque cualquier inversor en la empresa sabría de antemano que tras la OPV compartiría la propiedad con accionistas más poderosos, según han declarado funcionarios del gobierno.

Roma también quiere permitir que una gama más amplia de empresas se beneficie de los incentivos ya previstos para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que planean cotizar en bolsa.

Actualmente, una empresa se clasifica como PYME cuando su capitalización es inferior a 500 millones de euros (545,05 millones de dólares). El proyecto de ley aumentaría ese umbral a 1.000 millones de euros.

Otra medida reduciría el grado en que los reguladores, como el organismo de vigilancia del mercado Consob, pueden ser considerados responsables de las pérdidas de los inversores, una medida que el Tesoro cree que podría acelerar el proceso de aprobación de las OPV.

Según el proyecto de ley, la institución sólo será responsable de los daños directos debidos a la ausencia, o a errores, en las actividades de supervisión.

Además, el plan refuerza la posibilidad de eludir el proceso formal de salida a bolsa mediante la llamada autocolocación, por la que una empresa vende acciones directamente, ahorrándose el dinero necesario para alinear a los suscriptores como intermediarios.

(1 dólar = 0,9173 euros)