Los principales grupos de presión de la industria petrolera y maicera de EE.UU. dijeron el martes que iban a demandar a la administración del presidente Joe Biden por su plan para reducir drásticamente las emisiones de los vehículos pesados que recalientan el planeta, argumentando que la normativa causará perjuicios económicos.

La Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. ultimó esta primavera nuevas normas para los modelos de semirremolques, autobuses y otros vehículos pesados que salgan al mercado entre 2027 y 2032, en un intento de reducir 1.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2055.

Los vehículos pesados contribuyen en gran medida al cambio climático, ya que representan alrededor del 7% de las emisiones nacionales, según datos de la EPA, y las normas constituyen una parte importante del plan más amplio de Biden para luchar contra el calentamiento global.

"La EPA está forzando un cambio a una tecnología que sencillamente no existe en la actualidad para este tipo de vehículos, y aunque algún día fuera posible, casi con toda seguridad tendrá consecuencias para el estadounidense medio", afirmó Ryan Meyers, vicepresidente senior y consejero general del Instituto Americano del Petróleo (API).

El API es el principal grupo de presión estadounidense del petróleo y el gas e incluye a Exxon Mobil entre sus miembros.

La Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola y la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores dijeron que se habían unido a la demanda del martes, argumentando a favor de otros métodos para luchar contra el cambio climático como los biocombustibles.

"La EPA ha intentado imponer un enfoque único para abordar el cambio climático dando prioridad a los vehículos eléctricos frente a otros remedios climáticos como el etanol de maíz", declaró el presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, Harold Wolle.

La EPA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La API ya había presentado una demanda federal a principios de este mes con la que pretendía bloquear los esfuerzos de la administración Biden para reducir las emisiones de los automóviles y camiones ligeros. Según esas normas, la administración prevé que hasta el 56% de todas las ventas de coches serán eléctricos entre 2030 y 2032.