Según Renata Amaral, secretaria de Asuntos Internacionales y Desarrollo, un decreto firmado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva establecerá la comisión, que organizará la actividad interna del gobierno federal para poner en marcha eficazmente los proyectos.
A finales del año pasado, el gobierno anunció que los bancos multilaterales y de desarrollo pondrían a disposición 10.000 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructuras destinados a avanzar en la integración sudamericana, buscando mejorar el comercio y reducir el tiempo de transporte hacia Asia.
Como parte de los planes, el banco de desarrollo BNDES destinaría 3.000 millones de dólares a proyectos únicamente en Brasil.
A pesar de la polarización esperada en las elecciones presidenciales de EE.UU. y de los posibles efectos indirectos en los países de la región, Brasil sigue viendo una fuerte colaboración de sus vecinos en las discusiones sobre proyectos de integración, incluidos Argentina, Paraguay y Uruguay, que tienen gobiernos de derechas, dijo Amaral.
Buscando fortalecer los lazos en la región, el gobierno de Lula saldó un compromiso impago de 100 millones de dólares con el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) a finales de 2023, liberando 70 millones a los que el país tenía derecho para la financiación, a fondo perdido, de proyectos enfocados a la integración y a la reducción de las desigualdades regionales.
"Es una señal para el Mercosur", dijo Amaral sobre la justificación de la operación, ya que dicha regularización, pendiente desde 2015, suponía de hecho gastar más de lo que se recibía del fondo.
Sostuvo que los ocho proyectos aprobados por el gobierno la semana pasada para recibir los fondos traerán, paralelamente, ganancias en la integración comercial y de infraestructura.
En cuanto a las discusiones para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Amaral reconoció que es poco probable que se produzcan novedades a corto plazo hasta las elecciones al Parlamento Europeo de junio.
