ARCELORMITTAL 
El pulso en torno a Acciaierie d'Italia (ADI), como se conoce ahora a la empresa, es un quebradero de cabeza para la primera ministra Giorgia Meloni, ya que están en peligro miles de puestos de trabajo en el subdesarrollado sur de Italia.
He aquí una explicación de lo que ha ido mal y de lo que podría ocurrir a continuación.
¿QUÉ ES ILVA/ADI?
Ilva se fundó en 1905. Su mayor planta se estableció en la ciudad meridional de Taranto en la década de 1960. Llegó a producir más de 10 millones de toneladas de acero al año en su momento álgido, pero tras los escándalos por su pésimo historial medioambiental, el grupo fue puesto bajo administración supervisada por el Estado en 2015.
ArcelorMittal, el segundo fabricante de acero del mundo, tomó el control de Ilva en 2018 y actualmente posee el 62% de ADI, mientras que la agencia de inversiones estatal Invitalia tiene el 38% restante.
Unas 8.200 personas trabajan directamente en la acería de Taranto, mientras que otras 3.500 están empleadas en industrias relacionadas.
¿QUÉ HA FALLADO?
La empresa nunca se ha recuperado de su dramática caída de la década pasada. El ministro de Industria, Adolfo Urso, declaró el jueves ante el Parlamento que ADI no alcanzó los objetivos de producción, fabricando menos de tres millones de toneladas de acero en 2023 frente a un objetivo de cuatro millones.
La empresa se ha comprometido a descarbonizar sus operaciones, pero esto costará miles de millones de euros.
El pasado mes de septiembre, el gobierno dijo que financiaría iniciativas medioambientales por valor de 2.270 millones de euros (2.500 millones de dólares), aprovechando los fondos de la Unión Europea (UE), a cambio de nuevas inversiones de ArcelorMittal, pero el memorando de entendimiento está congelado por ahora.
ArcelorMittal se ha quejado de que Roma no cumplió las promesas de inversión realizadas en 2020, cuando Invitalia acordó hacerse con su participación.
El gobierno propuso esta semana que Invitalia inyectara 320 millones de euros en ADI y elevara después su participación al 66%, como parte de un plan más amplio para reforzar el capital de la empresa.
ArcelorMittal, sin embargo, se negó a dar garantías de que aportaría más inversiones incluso como accionista minoritario, hundiendo la propuesta.
Una fuente cercana a ArcelorMittal afirmó que el grupo estaba dispuesto a respaldar el plan del Gobierno siempre que siguiera teniendo poderes de gobierno similares a los de Invitalia.
Pero Urso dijo que esa opción no era aceptable para el gobierno, también a la luz de las limitaciones europeas en materia de ayudas estatales.
¿QUÉ SIGUE?
Urso afirmó que era necesaria una "acción drástica" para relanzar la ADI, y añadió que el gobierno tenía la intención de esbozar un plan siderúrgico nacional.
El caso corre el riesgo de acabar en los tribunales, ya que tanto el gobierno como ArcelorMittal se acusan mutuamente de no haber respetado sus compromisos mutuos.
Entre las probables soluciones a corto plazo que baraja el gobierno está la de poner las operaciones bajo administración especial, nombrando a uno o varios comisarios para evitar el cierre de ADI.
Esa opción sería similar a la quiebra del Capítulo 11 en EE.UU., que permite a una empresa o individuo reorganizar sus deudas y obligaciones. También podría ayudar al gobierno a ganar tiempo mientras busca un nuevo socio industrial para ADI.
Los sindicatos instan a Meloni a renacionalizar el grupo, una medida que entraría en contradicción con el objetivo declarado de Roma de recortar sus participaciones en empresas estatales. Tampoco está claro si la UE sancionaría tal medida, o si ArcelorMittal recurriría a los tribunales para tratar de impedirla. (1 dólar = 0,9121 euros) (Reportaje de Giuseppe Fonte y Angelo Amante, Edición de Crispian Balmer y Keith Weir)
