Trillones de dólares han fluido hacia inversiones que afirman ser respetuosas con el clima, pero ha habido pocas sanciones por lavado verde, o credenciales verdes exageradas.

Los reguladores dicen que sancionar el lavado verde podría ser más fácil con una definición legal, aunque el término se utiliza a menudo de forma más amplia para describir prácticas deliberadas o negligentes en relación con otras cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y los organismos de vigilancia de la banca y los seguros del bloque han recabado la opinión del sector sobre la definición legal del lavado verde.

En su respuesta, el Investment Company Institute (ICI), con sede en EE.UU., que representa a los fondos de inversión, afirmó que las declaraciones, acciones, omisiones y comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad podrían ser engañosas, de forma intencionada o no, a nivel de entidad, producto o servicio.

"En lugar de tratar de definir el 'lavado verde' y crear así un nuevo término legal, recomendamos en su lugar que las autoridades de la UE describan la conducta o las circunstancias preocupantes", dijo ICI.

"Tratar de adoptar una definición general de lavado verde o consagrarla en la legislación sería contraproducente".

La Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (EFAMA) afirmó que la UE debería utilizar las normas y herramientas existentes para combatir el lavado verde, y no aumentar la complejidad introduciendo una nueva definición desvinculada de las normas ya vigentes.

La EFAMA también señaló la dependencia del sector de datos de terceros, incluidos los de empresas y sociedades de calificación ESG, que no están bajo el control de los gestores de activos.

"Teniendo en cuenta el grado actual de incertidumbre normativa y la evolución en curso, debemos tener cuidado de no aplicar el término "lavado verde" con demasiada amplitud", dijo Anyve Arakelijan, Asesora de Política Normativa de EFAMA.

"Es crucial reforzar la comprensión de lo que constituye el lavado verde y disponer de una acción supervisora armonizada para hacer frente a este riesgo".

Aunque los principales organismos reguladores se han resistido hasta ahora a definir el "lavado verde" en la legislación, cada vez utilizan más sus competencias actuales y también estudian la posibilidad de promulgar nuevas leyes en ámbitos como la divulgación.

El organismo de control financiero británico, por ejemplo, dijo en octubre que planeaba introducir una norma contra el lavado verde para todas las empresas. En Estados Unidos, mientras tanto, varias empresas, entre ellas BNY Mellon, han sido multadas por engañar a los inversores.