Dos inversores, Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar, llevaron a España a un arbitraje en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía hace casi 10 años por retirar las subvenciones a las energías renovables.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial les concedió 101 millones de euros en 2018, y el laudo se registró posteriormente en el Tribunal Superior de Londres.

España intentó anular el laudo alegando que gozaba de inmunidad soberana, pero el Alto Tribunal desestimó la solicitud española en una sentencia escrita publicada el miércoles.

Nick Cherryman, abogado que representó a los dos inversores, saludó la "decisión histórica".

La sentencia "confirma que el Gobierno español no puede alegar inmunidad soberana como forma de subvertir sus obligaciones en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía", o evitar el pago de los laudos del CIADI, dijo en un comunicado.

Reuters solicitó comentarios al Ministerio de Hacienda español.